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Un juez federal bloqueó la orden de Trump sobre ciudadanía por considerarla inconstitucional.
La reciente orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha sido invalidada por un juez federal en Seattle.
Esta medida fue calificada de «flagrantemente inconstitucional» por el juez John Coughenour, quien bloqueó temporalmente su implementación a petición de cuatro estados liderados por demócratas: Washington, Arizona, Illinois y Oregón.
La orden, firmada por Trump durante su primer día de mandato en enero de 2025, constaba en que las agencias federales debían negar la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de sus padres era ciudadano o residente legal permanente.
Según el juez Coughenour, esta medida iba en contra de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana.
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En caso de permitirse su implementación, la orden habría tenido un impacto significativo.
Según datos de los estados demandantes, más de 150,000 bebés nacidos anualmente en Estados Unidos quedarían sin acceso a la ciudadanía, lo que les impediría obtener números de Seguridad Social, recibir beneficios gubernamentales y trabajar legalmente en el futuro.
Además, los recién nacidos afectados podrían enfrentarse a la deportación inmediata.
Esta medida ha sido señalada como una flagrante violación de precedentes legales establecidos hace más de un siglo.
En 1898, la Corte Suprema de los Estados Unidos reafirmó el derecho de los hijos de padres no ciudadanos nacidos en el país a recibir la ciudadanía.
La decisión fue fundamentada en la 14ª Enmienda, adoptada en 1868, que también anuló el infame caso Dred Scott de 1857, en el cual se negó la protección constitucional a las personas negras esclavizadas.
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Mientras el juez Coughenour emitió una orden temporal bloqueando la medida por 14 días, múltiples demandas presentadas por grupos de derechos civiles y fiscales generales de 22 estados están en marcha.
Estos actores han descrito la orden de Trump sobre ciudadanía como un intento inconstitucional de socavar derechos fundamentales en medio de una “crisis migratoria”.
Por su parte, Trump y sus aliados republicanos en el Congreso han redoblado esfuerzos para restringir la ciudadanía automática mediante legislación.
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